En Estados Unidos, el Congreso establece el embargo de armas destinadas a ambas partes beligerantes de la Guerra Civil Española.

Franklin Delano Roosevelt profesaba simpatía por la Segunda República española. Su mujer Eleonor siempre lo decía. No obstante, el presidente estadounidense hizo oídos sordos a la petición del Gobierno democrático de poder comprar armas en el mercado americano para combatir a los franquistas. Y no hizo la vista gorda, como en la coetánea guerra civil china, para relajar la neutralidad de EE UU y suministrar ayuda al Ejército republicano.

Sabía poco de España, estaba centrado en salvar los obstáculos internos a su política intervencionista del New Deal para paliar la tremenda crisis del 29 y respaldaba la estrategia de sus aliados, Reino Unido y Francia, para contener el conflicto español. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa simpatía de los Roosevelt se hubiese traducido en algún tipo de intervencionismo?

Según la historiadora Aurora Bosch, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de València, “No sabemos qué hubiera pasado, claro, pero lo que pedía el Gobierno español al estadounidense era relativamente poco: que le permitieran comprar armas en su mercado. La República tenía el oro del Banco de España, tenía más capital que el bando franquista que, sin embargo, se vio beneficiado por créditos y abastecimientos abundantes y regulares desde el principio. Pero Roosevelt tomó en 1937 la iniciativa de ahondar en el congreso el embargo legal y solo tuvo un voto en contra. Tenía muchas presiones e intereses electorales. Temía que su electorado se dividiera, porque buena parte de los católicos, la clase obrera de sus votantes, no le respaldaría si apoyaba al régimen republicano. Las noticias de la masacre contra el clero en España llegaban de forma escandalosa y la jerarquía y el lobby católico no querían que interviniera. Además, el presidente se jugaba el apoyo a sus reformas del New Deal, la mayoría de la ciudadanía defendía el pacifismo y la neutralidad y Francia e Inglaterra insistían en la no intervención”.

A todo ello se unía “el temor entre las democracias liberales asentadas de que la extensión de la democracia y de la política de masas pudiera exceder el ámbito liberal por las tendencias revolucionarias, pues en medio de la crisis de los años treinta el debate político incluía el fascismo y el comunismo, además de la democracia y la dictadura”, explica Bosh en una entrevista a El País.

En febrero de 1939, cuando la guerra en España llegaba a su fin, el propio Roosevelt reconocería públicamente su error. En marzo de 1945, poco antes de morir de forma repentina, el presidente admitiría igualmente, en un intercambio privado con el entonces embajador en Madrid, Norman Armour, que en el mundo que se abriría tras la inminente victoria militar contra la Alemania nazi no habría lugar para gobiernos fundados en los principios fascistas.

A continuación, precisaba que el mantenimiento de relaciones diplomáticas con España no debía ser interpretado como una aprobación del régimen franquista y de su partido único, que, según el mandatario norteamericano, era abiertamente hostil a Washington y había tratado de extender las ideas fascistas al hemisferio occidental.

Para Roosevelt, el mejor antídoto ante fascismo y comunismo lo constituía la profundización de la democracia, y el New Deal debía funcionar como ejemplo inspirador en una era de inestabilidad e incertidumbres.

Sin embargo, su política exterior, lastrada por el aislacionismo imperante entre las élites políticas y diplomáticas norteamericanas, y obcecada por el fantasma de la revolución, no fue consecuente: nunca se insistirá suficientemente en la responsabilidad de Roosevelt en la victoria del fascismo en España.

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