Se produce la matanza de la embajada española en Guatemala, cuando la Policía de guatemalteca ―en el marco de la dictadura de Fernando Romeo Lucas-García― invadió la embajada y asesinó a 37 personas incendiándolas con fósforo blanco.

Los trágicos hechos se suceden después de que un grupo de manifestantes campesinos indígenas, estudiantes y guerrilleros, tomaran territorio español para protestar por la explotación de las tierras de la Franja Trasversal del Norte. Zona rica en petróleo y en materias primas, así como con el asentamiento de gran cantidad de población indígena guatemalteca, la cual se veía represariada por el Ejército del país. Además, el suceso provocó dos muertes más en los días posteriores, una de ellas de un superviviente de la matanza.

El día de los hechos, el embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal, se reunía en la sede diplomática española con el exvicepresidente guatemalteco, Eduardo Cáceres Lehnhoff; el excanciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Adolfo Molina Orantes; y el jurista guatemalteco Mario Aguirre Godoy.

Aunque aún existen dudas sobre el motivo de la reunión, las explicaciones oficiales dadas desde la Embajada señalaban que se trataba de un encuentro relacionado con una celebración que el Instituto de Cultura Hispánica iba a llevar a cabo próximamente. Sin embargo, otras fuentes afirmaron que el encuentro estuvo organizado por el embajador para obtener una mayor repercusión mediática una vez el edificio fuera tomado por los manifestantes.

Momentos después de que comenzara la reunión, un grupo de 30 manifestantes, secundados por el Comité de la Unidad Campesina (CUC) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), entraron en el edificio español para protestar y pedir apoyo de la embajada en favor de la erradicación y mejora de las situaciones de pobreza extrema que los campesinos guatemaltecos vivían.

Semanas antes de lo sucedido en la embajada, Máximo Cajal había acudido al lugar para visitar y mostrar su apoyo a varios grupos de españoles cooperantes en el lugar, ofreciéndoles su ayuda en caso de necesidad.

Tras la toma del edificio, los manifestantes se atrincheraron junto con el embajador y los exfuncionarios visitantes en el despacho, donde permanecieron hasta que la Policía Nacional de Guatemala entró a la fuerza.

Los funcionarios de seguridad desobedecieron las órdenes y peticiones de Máximo Cajal, quien declaró que pretendía negociar y dialogar con los manifestante hasta que la situación se tranquilizara. Las versiones existentes sobre los hechos acontecidos a partir de la orden de entrada en el edificio del jefe policial al mando del operativo, Pedro García Arredondo, son diversas.

Por un lado, se afirma que cuando la Policía guatemalteca accedió al despacho, tirando la puerta abajo, se comenzó a disparar contra los que se encontraban encerrados y, según afirmaron algunos testigos, proyectando fuego con lanzallamas.

A esta versión, que presenta como principales culpables a los miembros de las fuerzas de seguridad, se le añaden las declaraciones de una de las trabajadoras de Cruz Roja desplazadas hasta el lugar bajo la petición de ayuda del embajador español, Odette Arzú. Según declaró, escuchó decir a uno de los agentes las palabras “No quiero ni uno vivo. No quiero un solo testigo”.

Por otra parte, el Gobierno de Guatemala de aquel momento, liderado por el militar Fernando Romeo Lucas García, postuló que el embajador español había organizado la toma de la embajada aprovechando la reunión con Cáceres, Molina y Aguirre, dada su posición y poder en el ámbito político guatemalteco e internacional. Tras permitir el acceso de los manifestantes, hecho que violaría el artículo número 41 de la Convención de Viena, y la posterior entrada de los agentes, se dijo que los campesinos ―que iban cargados con artefactos explosivos―, al impacto con las balas o por temor a los cuerpos de seguridad, los hicieron estallar provocando el incendio que acabaría con la vida de manifestantes y rehenes.

Retomadas las relaciones diplomáticas entre ambos países, en el año 1996, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, pidió disculpas públicas al Gobierno de España y a su pueblo por la actuación que la Policía del país había llevado a cabo, así como por la campaña de desprestigio proyectada contra el embajador español.

El día 1 de octubre del año 2014, más de 34 años después del suceso, se inició el juicio contra el exjefe de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, único acusado vivo de los hechos. La Fiscalía pidió para él la condena de 30 años de cárcel por cada una de las víctimas, además de 80 años por dos delitos de intento de homicidio. Finalmente fue condenado a 90 años.

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