Durante el entierro de las víctimas del atentado fascista del día anterior, que costó la vida a 5 abogados laboralistas, el Partido Comunista Español da muestras de una gran firmeza tras salir airoso de la ordenada manifestación de duelo, con más de 100.000 personas en las calles de Madrid, en un momento muy crítico de la Transición a la democracia tras la muerte del dictador Franco. 

Tres pistoleros irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas un lunes 24 de enero por la noche –entre las 22.30 y las 22.45–, para emprenderla a tiros con quienes allí se encontraban. ¿Por qué? Porque eran comunistas y de Comisiones Obreras.

Los tres asesinos se llamaban José Fernández Cerrá, de 31 años; Carlos García Juliá, de 21, y Fernando Lerdo de Tejada, de 23.

Los fallecidos en el despacho de Atocha, en la prensa del momento.

Las Comisiones Obreras surgieron en 1962 aprovechando los resquicios de la ley sindical para ser un agente en la negociación colectiva. Así pasó con Joaquín Navarro y el Transporte –que fue elegido como representante de los trabajadores ante el espanto de la dirección del sindicato vertical del transporte–; quien celebraba asambleas precisamente en el despacho de Atocha, 55 para convocar huelgas; cuya presencia estaba prevista ese 24 de enero de 1977: era uno de los objetivos de los pistoleros.

Pero Navarro, a quien iban a dar “un susto”, no acudió al despacho. Las víctimas fueron Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira. Y los heridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos, estos dos últimos ya fallecidos.

El paso de la comitiva fúnebre con los féretros.

“Yo me libré porque había cambiado el lugar de una reunión”, recordaba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la presentación del libro de Jorge M. Reverte La Matanza de Atocha (La Esfera de los libros), en enero de 2016.

La mayoría de la población quería que el entierro fuera público. Así lo pedían desde el PCE. También lo quería así el Colegio de Abogados de Madrid, que quería que la capilla ardiente de los abogados se pusiera allí.

Sede del colegio de Abogados, en el Palacio de Justicia.

El Gobierno de Adolfo Suárez quería que el entierro fuera algo discreto, para no “asustar” a los militares y alentar a la extrema derecha. Pero, finalmente, debido a las presiones sociales, accedió a que el entierro se convirtiera en una manifestación pública. El Gobierno dijo que no podía garantizar la seguridad de la manifestación. Por lo que tuvo que ser el PCE el encargado de la seguridad, con miles y miles de personas formando el servicio de orden.

Miles y miles de personas pasaron por la capilla ardiente y depositaron coronas de flores. Recordar que el PCE era aún ilegal, que las manifestaciones todavía estaban prohibidas y que aún había presos políticos en las cárceles. Fue una demostración brutal de fuerza por parte del partido comunista. Una demostración en silencio, pero muy contundente, que el Gobierno no podía ignorar. Era la mayor manifestación del antifranquismo desde la Guerra Civil.

Aquella demostración de fuerza seguramente fue uno de los motivos de la legalización del PCE.

El dirigente comunista Simón Sánchez Montero pronuncia unas palabras en el cementerio de Carabanchel, después del entierro.

 

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