Las Cortes españolas, todavía franquistas, aprueban la “Ley de Reforma Política”, lo que implicará una importante transformación del sistema de representación política al consagrar la soberanía popular y crear unas instituciones que sustituirán a las de la llamada “democracia orgánica”. Se abre el camino a la democracia plena.

A las 21:28 horas del jueves 18 de noviembre de 1976, el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, declaraba solemnemente ante el pleno: “Queda aprobado el proyecto de Ley para la Reforma”. Así se culminaba el proyecto más ambicioso y personal del presidente Adolfo Suárez, que había jurado su cargo el 5 de julio anterior.

Su aprobación suponía la habilitación de recursos legales y políticos que hacían posible el tránsito desde un régimen dictatorial a otro democrático en España. Hasta llegar a ese momento el gobierno tuvo que hacer frente a varios obstáculos, como lograr que el proyecto pasase por el Consejo Nacional del Movimiento y la propia aprobación en las Cortes.

El 15 de diciembre siguiente la ley fue apoyada por una amplísima mayoría en un referéndum. Su aprobación fue uno de los momentos más delicados y decisivos de la Transición española.

En su artículo quinto, dice.:

“… El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado…”

“… Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones…”

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