En España, el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud.

España contó a lo largo de su historia con intelectuales abolicionistas, como el dominico Bartolomé de las Casas (tras su inicial postura favorable a llevar esclavos negros a América para librar de un destino semejante a los indios), el jurista Bartolomé de Albornoz (ambos del siglo XVI) y el ilustrado protestante José María Blanco White (comienzos del siglo XIX).

La legislación medieval regulaba la esclavitud, y se adaptó al Nuevo Mundo, donde las Leyes de Indias impedían esclavizar a los indígenas, pero no el tráfico de esclavos africanos.​ Tras los debates que sobre el esclavismo se dieron en las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 no optó por el abolicionismo puro, aunque en cualquier caso todas sus reformas fueron derogadas por Fernando VII en 1814.

La presión de las potencias de la Restauración europea (el tema se trató en el Congreso de Viena) llevó a Fernando VII a abolir la trata de esclavos, lo que mantenía la esclavitud reproductiva, y de hecho no impidió un activo contrabando (“negreros” como el marqués de Comillas).

Los liberales en el poder durante el reinado de Isabel II escogieron mantener la esclavitud en las colonias (ya por entonces solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, habiéndose independizado el resto) y abolirla en la Península, islas adyacentes y territorios africanos “por el solo hecho de pisar”. En 1842 se regularía la esclavitud con un Reglamento.

El 2 de abril de 1865 se crea la Sociedad Abolicionista Española por iniciativa del hacendado puertorriqueño Julio Vizcarrondo, trasladado a la península tras haber liberado a sus esclavos. El 10 de diciembre del mismo año funda su periódico El Abolicionista. Contó con el apoyo de políticos que fraguaron la Revolución de 1868, “la Gloriosa”, y que destronó a Isabel II.

Los ‘tres muchachos’ de Murillo. 1660.

Como consecuencia de ello, en 1870, se promulgó una ley llamada de “libertad de vientres” que concedía la libertad a los futuros hijos de las esclavas y que irritó a los esclavistas. De esta forma, se ponía fin a la esclavitud en la península. Ya en 1872, el gobierno de Ruiz Zorrilla elaboró un proyecto de ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

Contra este proyecto se desató una feroz oposición en ciudades como Madrid, Santander, Cádiz, o Barcelona. Los opositores instigaron plantes de la nobleza al rey Amadeo de Saboya, conspiraciones, campañas de prensa y manifestaciones callejeras. Tal crispación se explica ya que se veía en la liberación de los 31.000 esclavos puertorriqueños, un temido preámbulo de la liberación de los casi 400.000 esclavos cubanos.

Precisamente, la oposición a este proyecto de ley abolicionista fue uno de los elementos más visibles de la crítica al rey Amadeo en la prensa conservadora, reprochándole que no se enfrentase al Parlamento, dominado por una alianza, en esta cuestión, de monárquicos progresistas (como el mismo jefe de gobierno Ruiz Zorrilla) y de republicanos (como Castelar o Pi y Margall). Según el Diario de Barcelona, el 7 de febrero de 1873 se hubiese producido un golpe militar si el rey hubiera refrendado la abolición. En su lugar, Amadeo ratificó la orden del gobierno de disolver el arma de artillería. A continuación, el 11 de febrero, abdicó.

La ley por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico fue finalmente aprobada el 25 de marzo de 1873, un mes después de la abdicación del rey y de haberse votado la proclamación de la Primera República Española.

Esto animó al historiador cubano José Antonio Saco a escribir y publicar una monumental Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Cuba debió esperar varios años más que Puerto Rico, ya que la abolición total de España y sus colonias no llegaría hasta la Ley de abolición de la esclavitud que se publicaba el 13 de febrero de 1880 por Alfonso XII. Esta ley sustituía la esclavitud por una institución intermedia hacia la condición de liberto, denominada Patronato (y “patrocinados” los hasta entonces esclavos).

El Patronato sería abolido definitivamente por el real decreto de 7 de octubre de 1886,​ que liberó a los 30.000 patrocinados que aún quedaban.

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